El Bienio Reformista (1931-1933)
Tras aprobarse la Constitución, se inició un nuevo período con un
gobierno presidido por Manuel Azaña y formado por
republicanos de izquierda y socialistas. En diciembre,
Niceto Alcalá Zamora fue elegido
Presidente de la República.
El gobierno republicano-socialista emprendió un amplio programa de reformas en un contexto económico desfavorable, marcado por el ascenso del paro. Estas fueron sus principales medidas:
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Reformas laborales, iniciadas desde el Ministerio del Trabajo por el socialista Largo Caballero, que favorecían la posición de los trabajadores y sindicatos y encontraron la cerrada oposición de los empresarios.
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Reforma educativa:
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Amplio programa de construcción de escuelas y contratación de maestros: 6750 escuelas y 7000 maestros con mejores salarios.
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Enseñanza mixta
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La Religión dejó de ser asignatura obligatoria lo que agudizó el enfrentamiento con la Iglesia
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Reforma militar. Buscando garantizar la fidelidad del Ejército al nuevo régimen republicano y propiciar la reducción del excesivo número de jefes y oficiales, se exigió el juramento de fidelidad al nuevo régimen republicano, pudiendo optar los que se negaran a ello al retiro voluntario con paga completa.
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Reforma agraria:
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Se aprobó en 1932 la Ley de Bases de la Reforma Agraria. Con ella se buscaba el reasentamiento de campesinos sin tierra en latifundios insuficientemente explotados.
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Su aplicación fue un fracaso y muy pocos campesinos se beneficiaron de la ley. Esto provocó un decepción generalizada entre el campesinado en un contexto económico de paro creciente.
La oposición al gobierno
La derecha tradicional quedó desorganizada tras la proclamación de la República en los primeros meses del nuevo régimen. La oposición conservadora quedó restringida a las Asociaciones Patronales como la Unión Económica Nacional y el Partido Radical de Lerroux. Este grupo de centro-derecha dirigió la oposición al gobierno en las Cortes.
Por otro lado, la izquierda revolucionaria no dio tregua al nuevo gobierno. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), con más de un millón de afiliados, siguió la línea extremista marcada por los militantes de la Federación Anarquistas Ibérica (FAI). El minoritario Partido Comunista de España (PCE) se hallaba también instalado en una línea radical, defendida en aquel momento por la Komintern y Stalin.
Las tensiones sociales y políticas
La
crisis económica, la línea radical propiciada por la
CNT y la negativa de la
patronal a las reformas llevaron a un marco de
fuertes tensiones sociales. Los enfrentamientos entre huelguistas y la Guardia Civil fueron frecuentes y a menudo violentos (Castilblanco, Arnedo, Baix Llobregat).
El debate en Cortes del Estatuto de Cataluña y la Ley de Reforma Agraria provocaron un oposición cerrada en las fuerzas de derecha. De nuevo, las fuerzas conservadoras
recurrieron al tradicional método de la insurrección militar. El
general Sanjurjo intentó un
golpe de estado militar en Sevilla agosto de 1932. La "Sanjurjada", mal preparada y con desigual apoyo en el ejército,
fracasó.La reacción de las fuerzas que apoyaban al gobierno fue inmediata. Las Cortes aprobaron la Ley de Reforma Agraria y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En este territorio, la Esquerra Republicana de Catalunya, dirigida por Francesc Maciá, triunfó en las primeras elecciones autonómicas.
Pese al fracaso de Sanjurjo, el gobierno republicano-socialista daba muestras de claro desgaste. En ese contexto, se produjeron los graves incidentes de Casas Viejas, en los que la Guardia de Asalto sitió y mató a un grupo de campesinos anarquistas. El escándalo consiguiente llevó al gobierno a la decisión de convocar nuevas elecciones en noviembre de 1933.
Para estas elecciones, la derecha se había reorganizado. Tres nuevos grupos se presentaron a los comicios:
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La
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), dirigida por
Gil Robles, grupo mayoritario auspiciado por la Iglesia Católica.
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Renovación Española, dirigida por Calvo Sotelo, en la que se agruparon los monárquicos.
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Falange Española, la versión española del fascismo, dirigida por Jose Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador.
Mientras la izquierda se presentó fragmentada en múltiples grupos y los anarquistas llamaron a la abstención.
Las elecciones dieron la victoria de los grupos conservadores: Partido Republicano Radical y la CEDA.
El triunfo conservador fue contestado por una insurrección anarquista que fue tuvo como resultado más de cien muertos.
El bienio radical-cedista (1933-1936)
Tras las elecciones,
Lerroux formó un gabinete
conformado
exclusivamente por miembros de su partido. La
CEDA apoyó al gobierno desde el Parlamento.
Lerroux se vio así obligado a iniciar lo que los grupos de derecha reclamaban, una
política de rectificación de las reformas del bienio anterior. Esta nueva política se concretó en la paralización de las reformas iniciadas:
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Paralización de la reforma agraria, con la consiguiente expulsión de las tierras que habían ocupado de miles de jornaleros.
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Paralización de la reforma militar y designación para puestos clave de militares claramente antirrepublicanos como Franco, Goded o Mola. Esta nueva política fue completada con un amnistía para los participantes en el golpe de Sanjurjo en 1932.
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Conciliación con la Iglesia Católica.
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Paralización de las reformas educativas. Parón en el programa de construcciones escolares y anulación de la enseñanza mixta.
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Enfrentamiento a los nacionalismos periféricos. Freno al proyecto de Estatuto de Autonomía vasco, presentado por el PNV y enfrentamientos con la Generalitat catalana, que presidía Lluis Companys, dirigente de ERC, desde enero de 1934.
Radicalización del enfrentamiento político
En un contexto de crisis económica internacional y de triunfo de los extremismos en Europa con el triunfo de Hitler en 193 y la consolidación de la dictadura de Stalin en la URSS, la lucha política se radicalizó en nuestro país. España se polarizó entre las "derechas" y las "izquierdas".
Derechas:
Izquierdas:
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La Izquierda Republicana de Manuel Azaña agrupaba el centro-izquierda que había optado por una política de reformas y de alianzas con el movimiento obrero.
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El
PSOE, el mayor partido obrero, estaba dirigido por un grupo de líderes a menudo enfrentados.
Indalecio Prieto y
Largo Caballero representaban el ala más moderada y más radical del partido. En general, el PSOE vivió un claro proceso de radicalización.
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El
PCE seguía las nuevas directrices de la
Komintern y buscaba una alianza de la
izquierda contra el fascismo. La experiencia alemana y el ascenso de Hitler en enero de 1933 habían hecho rectificar a Stalin y buscar alianzas con todas las fuerzas de centro-izquierda.
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La
CNT seguía ligada a la
acción revolucionaria, aunque había quedado muy mermada tras el fracaso de la insurrección de diciembre de 1933.
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Los continuos enfrentamientos del gobierno de la Generalitat catalana con el gobierno de derechas de Madrid habían propiciado que la Esquerra Republicana de Catalunya dirigida por Lluis Companys girara a la izquierda en sus posiciones políticas.
Revolución de Octubre de 1934
La creciente tensión entre los dos polos políticos culminó con la
entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934. Esta remodelación del gobierno fue
interpretada por la izquierda como el anuncio del triunfo inminente del fascismo en nuestro país. La cada vez más r
adicalizada izquierda, PSOE, UGT, CNT, PCE, llamó a la
huelga general contra el gobierno. El seguimiento fue muy desigual.
El movimiento fracasó en Madrid. El gobierno acuarteló a las tropas y detuvo a los principales dirigentes socialistas y comunistas.
En Barcelona, Companys, desde la presidencia de la Generalitat, dirigió una insurrección con claro matiz independentista. La revuelta fue rápidamente reprimida por del Ejército.
Lo peor ocurrió en
Asturias. Aquí la huelga general triunfó y degeneró en una verdadera
revolución organizada por la UGT y la CNT. La persistencia de la insurrección llevó al gobierno a optar por la
represión más brutal. La
Legión, dirigida por el general
Franco, fue la encargada.
El balance de la Revolución de Octubre de 1934 fue aterrador: más de mil trescientos muertos, el doble de heridos, treinta mil detenidos, entre ellos
Companys,
Azaña, que no había apoyado el levantamiento, y los principales dirigentes del PSOE como
Prieto o
Largo Caballero.
La reacción del gobierno de derechas fue el endurecimiento de su política: se suspendió el estatuto de autonomía de Cataluña y se redactó una nueva Ley de Reforma Agraria, que en la práctica era una verdadera contrarreforma.
Sin embargo, las disensiones en el seno del gobierno eran crecientes. Las diferencias entre el Partido Radical y la cada vez más extremista CEDA eran evidentes. Un ejemplo de la orientación de la CEDA fueron los nombramientos que hizo Gil Robles, como nuevo ministro de Defensa. Militares claramente contrarios a la república y la democracia fueron designados para puestos clave en la estructura del Ejército. Franco, por ejemplo, fue nombrado jefe del Estado Mayor.
La crisis definitiva vino con un escándalo de corrupción, el escándalo del Estraperlo, que afectó a altos cargos gubernamentales. Lerroux y el Partido Radical cayeron en un descrédito total. La aparición de nuevos escándalos precipitó el fin de la legislatura y la convocatoria de nuevas elecciones a Cortes en febrero de 1936.
Las elecciones de 1936 y el Frente Popular
En un ambiente de creciente radicalización, se presentaron las siguientes candidaturas a las elecciones de febrero de 1936:
Frente Popular:
pacto electoral firmado en enero de 1936 por
Izquierda Republicana,
PSOE,
PCE,
POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y
Esquerra Republicana de Catalunya. Este pacto agrupaba a todas las izquierdas. La
CNT, con muchos presos en la cárcel, no pidió la abstención y
apoyó de forma tácita a la coalición de izquierdas.
La coalición de los grupos de derecha, formada por la CEDA y Renovación Española, acudió con un programa basado en el miedo a la revolución social. La Falange y el PNV se presentaron por su cuenta.
La victoria fue para el Frente Popular, que basó su triunfo en las ciudades y las provincias del sur y la periferia. Mientras, la derecha triunfó en el norte y el interior del país.
Tras las elecciones, Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República. El objetivo era que Indalecio Prieto, hombre fuerte del ala más moderada del PSOE, ocupara la jefatura del gobierno. Sin embargo, la negativa del Partido Socialista, dividido en diversas tendencias, llevó a que se formara un gobierno presidido por Casares Quiroga y formado exclusivamente por republicanos de izquierda, sin la participación del PSOE. Así, el nuevo gobierno nacía debilitado.
El nuevo gabinete inició rápidamente la acción reformista:
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Amplia amnistía para todos los represaliados tras octubre de 1934.
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Restablecimiento del Estatuto catalán.
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Alejamiento de Madrid de los generales más sospechosos de golpismo. Franco, Mola y Goded fueron destinados a Canarias, Navarra y Baleares.
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Reanudación de la reforma agraria. Esta medida fue rápidamente desbordada por la acción de los jornaleros que se lanzaron a la ocupación de fincas.
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Tramitación de nuevos estatutos de autonomía. El Estatuto de Galicia, fue aprobado en plebiscito en junio de 1936, y el del País Vasco estaba prácticamente terminado en julio de 1936.
Mientras, el ambiente social era cada vez más tenso. La izquierda obrera había optado por una postura claramente revolucionaria y la derecha buscaba de forma evidente el fin del sistema democrático.
Desde el mes de abril se sucedieron los enfrentamientos violentos callejeros entre grupos falangistas y milicias socialistas, comunistas y anarquistas.
Mientras la
conspiración militar contra el gobierno del Frente Popular avanzaba. Por un lado, había una trama política conformada por los principales líderes de los partidos:
Gil Robles, Calvo Sotelo, Jose Antonio Primo de Rivera. Por otro lado, crecía el número de generales implicados:
Franco, Goded, Fanjul, Varela... Emilio Mola, destinado en Pamplona, se convirtió en el jefe de la conspiración, el "director" del golpe. La salidad antidemocrática tenía valedores internacionales. Muy pronto se iniciaron los contactos con
Mussolini y
Hitler.
El
12 de julio era asesinado por extremistas de derecha un oficial de la Guardia de
Asalto,
teniente Castillo. La respuesta llegó la siguiente madrugada con el asesinato de
José Calvo Sotelo por parte de un grupo de miembros de las fuerzas de seguridad. El enfrentamiento era inevitable.
El gobierno de Casares Quiroga, que no había decidido tomar medidas pese a las continuas advertencias de las organizaciones obreras, vio como el
17 de julio de 1936 el ejército de Marruecos iniciaba la rebelión contra el gobierno de la República. El
triunfo parcial del golpe desencadenó la
guerra civil.
Alfonso XIII 
